ÉTICA, DEONTOLOGÍA Y PROFESIONALIDAD 
Dr. Víctor Mani Ribera

PRIORIDAD DE LA DIGNIDAD HUMANA
La grandeza de la persona humana se deriva de su realidad trascendente, lo que la sitúa por encima de toda la naturaleza contingente. La dignidad humana, y el respeto inmenso que merece, le es otorgada en el momento de su concepción y fundamenta el derecho a la inviolabilidad de la vida. El título que, en último término, funda la dignidad humana está en ser la única realidad del mundo visible que tiene valor en sí misma. Por consiguiente, la dignidad de la criatura humana es el criterio adecuado para juzgar los verdaderos progresos de la sociedad, del trabajo, de la ciencia... y no al revés. Y la dignidad del hombre se expresa en todo su ser y su quehacer personal y social: dignidad a la que se falta cuando se la estima sólo en lo que produce, cuando se considera la existencia como mera mercancía, cuando se la utiliza como elemento para la ganancia, estimándola solo en lo que produce. No se trata de una cuestión formal o externa, pues incluso con unos modos cordiales puede atentarse contra la dignidad personal, si se la subordina a fines meramente utilitarios, como mecanismo, por ejemplo, para elevar la productividad o el rendimiento.
Lejos estaríamos de una visión humana si mantuviéramos una visión plana o meramente material. Los indicadores más fieles de la justicia en las relaciones sociales no son ni el volumen de la riqueza creada, ni su distribución, ni su sostenibilidad. Es necesario examinar si las estructuras y el funcionamiento de un sistema socioeconómico son tales que comprometen la dignidad humana de cuantos en él despliegan su propia actividad. 
Si alguien quisiera aprovecharse de una situación en la que una persona resulta “improductiva”, por ejemplo, para disponer de una vida humana a partir de criterios contrarios a la dignidad de las personas, ofendería a esa persona y a la creación entera, pues todo ser humano tienen un derecho natural irrenunciable a los medios suficientes para su propia existencia, que está por encima del derecho a cualquier criterio pragmático.
Es preciso tener presente que la finalidad principal del desarrollo social y económico no es un mero crecimiento de la producción, ni el lucro o el poder, sino el servicio del hombre integral, teniendo en cuenta sus necesidades de orden material y las exigencias de su existencia. Esto no niega un campo de legítima autonomía para la ciencia económica, médica o biológica. Pero estas soluciones se deben someter siempre a un criterio superior, de orden moral, pues no son absolutamente independientes y autónomas; y no se ha de confiar en acciones puramente técnicas cuando nos encontramos con problemas que tienen su origen en un desorden moral.
Es largo el camino hasta llegar a una sociedad justa en la que la dignidad de la persona sea plenamente reconocida y respetada. Porque no se ama la justicia, si no se ama verla cumplida con relación a los demás. Como tampoco es lícito aplicar una fría praxis, olvidando las necesidades de los otros. Debemos vivir el respeto a toda persona, con todas sus consecuencias y en los campos más variados, porque ningún bien terreno es superior a la persona humana: defendiendo la vida ya concebida, porque allí hay un ser humano con un derecho a vivir que nadie le puede quitar; protegiendo a los ancianos, para quienes hemos de tener entrañas de misericordia, que nada tiene que ver con el sentimentalismo; socorriendo a los más débiles, porque son los más necesitados, etc.

CUANDO LAS PRIORIDADES SE INVIERTEN
En ninguna profesión, de ninguna manera se pueden dejar al margen las consideraciones éticas. ¿Por qué no se pueden omitir o preterir en ningún momento las consideraciones éticas? Porque los valores éticos son de una categoría ontológicamente superior; y cuando las prioridades se deforman, se invierten o se falsifican, entonces, el sistema quiebra.
Las prioridades se invierten por no comprender la diferencia entre "básico" y "esencial". Básicos son, por ejemplo, los elementos bioquímicos más o menos contingentes que integran los organismos; esencial es el principio vital, el aliento de vida, lo que permite diferenciar un cuerpo sin vida de un ser humano vivo.
Cuando los valores se invierten o desordenan, entonces se deshumanizan y pierden su sentido. El que pone una silla boca abajo y la utiliza como percha va contra natura, invierte el orden de las cosas. No se pueden convertir las sillas en perchas, como no se puede poner la ética al servicio de la economía, la salud o la eficiencia. Es la materia la que debe estar al servicio de la persona, ya que la persona tiene exigencias éticas propias que proceden de su dignidad superior. 
El que manipula cuerpos, empleados o peones sin ver personas no está capacitado para ejercer tareas complejas de responsabilidad. Poner a un ignorante en ética con responsabilidades sobre personas frágiles, es como poner un zorro a guardar el gallinero. 
El caso de la profesión médica es uno de los ejemplos más clarificadores. Un correcto humanista es el facultativo que entiende que el objetivo propio de la medicina –que es curar–, nunca puede subordinarse a aspectos que la deshumaniza, nunca puede priorizar los aspectos exclusivamente biológicos, sociales, económicos, organizativos, utilitarios o cómodos, y en consecuencia, debe dar prioridad a una visión holística e integral de la persona entera o completa (que es aquella a la que no le falta ninguna dimensión esencial o superior).
Una práctica profesional que prescindiera de la totalidad integral de las personas de los clientes, pacientes, usuarios o empleados se convertiría en una práctica depravada e inhumana de esa profesión. Para que se entienda: la manera de tratar las infecciones de una persona con deterioro cognitivo no puede ser idéntica a la manera de hacerlo con personas normales; los gastos que ocasiona un tratamiento complejo no pueden ser escatimados en función de la edad del paciente; el tiempo dedicado a un empleado que afronta un inesperado contratiempo no puede depender de sus rendimientos laborales; la dedicación a los alumnos más limitados ha de ser superior a los aventajados; del mismo modo que una madre o un padre responsables saben dedicar más cuidados al hijo más necesitado, porque todo igualitarismo es injusto.

RASGOS ÉTICOS DEL PROFESIONAL DE CUALQUIER SECTOR
Aunque una gestión deontológica no es exactamente lo mismo que una gestión responsable, en general, podríamos decir que una gestión responsable constituye el núcleo esencial de una gestión profesional que observa los valores éticos en su justa proporción. 
Junto con esa nota distintiva, que denominamos responsabilidad, la completitud sería la segunda característica de una profesionalidad propiamente ética: un profesional completo, aún sin abarcarlo todo, no tiene lagunas en aspectos sustanciales de su responsabilidad. 
Otra de las notas esenciales de una profesionalidad cabal es la competencia. Al insensato aún lo que es de su competencia le da igual. No evalúa. Como no evalúa, no controla; las cosas se le van de las manos. En consecuencia, no mejora: ha logrado el nivel de incompetencia. 

ÉTICA Y MEDICINA
De modo análogo a la necesidad de que los procesos y decisiones de las organizaciones sean transparentes y respondan a las exigencias éticas y de que incluyan los legítimos intereses de los sujetos implicados, será necesario que se establezcan mecanismos para proteger el derecho a la información clínica y el derecho a decidir sobre las actuaciones que repercutirán en la salud.
Con este propósito, la Comisión Central de Deontología (CCD) de la OMC elaboró recientemente el Decálogo del Consentimiento Informado, un documento de carácter práctico para los médicos, recopilatorio de lo que establece la Ley de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Se trata de un documento de carácter práctico para los médicos, según lo establecido en la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente.
La génesis de este Decálogo hay que buscarla en el hecho de que las deficiencias en información, la falta del documento del consentimiento informado o la no correcta cumplimentación del mismo son, aproximadamente, la causa del 70% de las reclamaciones sanitarias, según recientes estudios. Con estos diez puntos básicos que los médicos deben tener siempre presentes a la hora de informar y redactar el consentimiento informado en la práctica clínica, cualquiera que sea el tipo de asistencia, la CCD busca una mejora en la actitud de los médicos asistenciales en estos temas para intentar disminuir las denuncias.
Este decálogo de la CCD, que ha contado con el refrendo de la Asamblea General de la OMC celebrada en San Sebastián, incluye desde los derechos y deberes fundamentales del médico y del paciente y a informar y a ser informado, así como la trascendencia legal y deontológica que ello conlleva, al modo correcto de llevarlo a la práctica, su contenido, su modo de realizarlo, verbal o escrito; los límites o excepciones y cómo debe hacerse el consentimiento por representación en los casos en los que el paciente no es capaz de tomar decisiones o son menores o incapaces.
Tras analizar todos y cada uno de los puntos de este decálogo, la CCD concluye que “cada caso clínico y cada paciente pueden plantear una situación distinta, por lo que considera que el médico “debe conocer la exigencia legal y aplicarla correctamente”. Recuerda a los profesionales que, con criterio general, “siempre prevalecerá la autonomía del paciente o lo que más y mejor favorezca sus intereses” y considera que “cada paciente tiene sus peculiaridades por lo que difícilmente su caso encajará en un CI estándar”. 

 DECÁLOGO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO
1. Informar y ser informado son derechos y deberes fundamentales: Son derechos y deberes fundamentales tanto para el paciente como para el médico. Ambos son el eje de la relación médico-paciente y ello exige una relación personal previa para conocer las necesidades y circunstancias del paciente. El médico debe asumirlo no como un simple acto burocrático ni como una prueba documental que exige la ley.
2. La información y el CI son de enorme trascendencia legal, según la ley 41/2002: Informar y el CI forman parte de la “lex artis” médica, tal y como reconoce la normativa legal, deontológica y la reiterada jurisprudencia. Por ello, es una obligación inexcusable del médico y su ausencia o incorrección generará responsabilidad deontológica, administrativa y legal cuando exista daño.
3. Modo de practicarlos: La información y el CI deben asumirse directamente por el médico que realiza o, en su caso, el que indica el acto asistencial y se realizarán con la debida antelación para que el paciente pueda reflexionar. No es correcto entregar al paciente un CI estándar para que lo firme sin más, con la única finalidad de cubrir el trámite administrativo, porque ni el médico cumple con el paciente, ni se defiende de posibles reclamaciones.

4. Carácter y contenido de la información de un CI: En el CI “no debe faltar la naturaleza y finalidad de cada intervención, sus riesgos y consecuencias. Será suficiente, verdadera y leal y no deberá inducir a alarmas, ni esperanzas injustificadas”. Se recomienda transmitir la información que sea adecuada para que se pueda tomar una decisión” y, se aconseja incluir que “si surgen complicaciones, el centro sanitario está preparado para responder ante ellas y el médico responsable nunca abandonará al paciente durante todo el proceso”.
5. Respeto a negarse a recibir información. Casos de gravedad o mal pronóstico: El médico debe respetar también el “derecho del paciente a no ser informado” y si la información incluye datos de gravedad o mal pronóstico, el médico “deberá esforzarse en saber si es necesaria y, si lo fuera, deberá hacerlo con suma delicadeza” para evitar perjudicar al paciente.
6. Forma del CI: verbal o escrito: Por norma general, el CI debe ser verbal, dejando siempre constancia en la historia clínica. Se deberá hacer por escrito cuando supongan un riesgo significativo para el paciente –intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores-, siguiendo todo lo que marca la Ley.
7. Límites o excepciones al CI: El CI puede obviarse en caso de riesgo para la salud pública o riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica de un enfermo del que no se pueda conseguir su autorización, aunque se debe consultar a sus familiares.
8. Consentimiento por representación: Se solicitará al representante legal o familiares, cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones o si su estado físico o psíquico no le permite hacerse cargo de su situación; si tiene la capacidad modificada judicialmente (incapaces legales) o si es menor de edad y no es capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance del acto médico.
9. Consentimiento en menores e incapaces: En estos casos, el médico siempre debe tratar de informarles y contar con su opinión dependiendo de sus posibilidades con el objeto de que puedan participar y decidir en su proceso asistencial. Hay que tener en cuenta la madurez del menor y, en casos de gravedad, decidirán los padres o tutores. En este punto, el decálogo recuerda al médico que es el “garante de los menores”, y deberá “solicitar auxilio judicial siempre que vea en peligro sus derechos” y que “está obligado a adoptar las medidas necesarias en salvaguarda de su vida o salud hasta que obtenga la resolución judicial correspondiente”.
10. Conclusión: Cada caso clínico y cada paciente pueden plantear una situación distinta, por lo que el médico debe conocer la exigencia legal y aplicarla correctamente. Con criterio general, siempre prevalecerá la autonomía del paciente o lo que más y mejor favorezca sus intereses y, teniendo en cuenta de que cada paciente tiene sus peculiaridades, difícilmente su caso encajará en un CI estándar.